El Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo pone las bases para una renovación de los Servicios Públicos de Empleo y reorganiza las políticas activas de empleo. Se pone el énfasis en el trato individualizado de los demandantes de empleo, en la dimensión local y en la necesaria planificación a través de una estrategia nacional compartida por los principales actores territoriales y sociales, así como se inicia una nueva relación entre el Servicio Estatal de Empleo y los Servicios Autonómicos en la que en el marco de un catálogo se servicios y unas directrices para los colectivos prioritarios, son las Autonomías quienes deberán elaborar los programas y actuaciones en su territorio.
Tanto por su clarificación conceptual, como por los nuevos criterios de estructuración del Sistema Nacional de Empleo y las nuevas orientaciones en materia de gestión, el Real Decreto abre una nueva etapa, totalmente necesaria para adaptar las políticas activas de empleo a las nuevas necesidades y exigencias provocadas por el cambio de ciclo y la persistencia de una situación de crisis aguda en materia de empleo. La situación lo requiere y la tarea será ardua.
En un escenario plausible de una década con niveles de paro elevados y escaso incremento de los volúmenes de empleo, queda poner el énfasis en la dinámica de los flujos de empleo para compartir al máximo las oportunidades de la población activa para acceder a la contratación o a la autocreación de empleo. En esta situación hay que preguntarse por la función que deben jugar las políticas activas de empleo. Habrá que preguntarse sobre que hacer con los varios millones de desempleados que habrá durante toda la década para poderlos mantener lo más activos posibles aunque no haya empleo para todos. Esta es la pregunta clave que habría que intentar responder, y para ello es seguro que habrá que movilizar a toda la sociedad y generar todas las sinergias posibles. Solamente desde los Servicios Públicos de Empleo solos no será posible hacer frente de forma aislada a esta problemática. En los 80, en la época de Jacques Delors al frente de la Comisión Europea, cuando ya había tasas elevadas de desempleo en Europa se ensayaron vías de gran interés conceptual, aunque muchas de ellas no llegaron a cuajar debidamente: la separación entre actividad y empleo, los nuevos yacimientos de empleo, las iniciativas locales de empleo, los pactos locales, los empleos sociales… Quizás habría que revisitar esas ideas y con la experiencia acumulada reformularlas y ensayar nuevas vías para conseguir que el desempleo no hunda la confianza y la esperanza de una generación entera.
Las políticas activas de empleo son más eficaces cuando existe una demanda sostenida de empleo, pero en situaciones de colapso de los mercados de trabajo con desequilibrios notables entre demanda y oferta, como es el caso actual en España, los márgenes de acción se ven muy reducidos, por lo que conviene afinar con rigor en la selección y definición de los objetivos a conseguir y especialmente en su relación con las medidas propuestas. Por lo que el intercambio de experiencias tanto a nivel europeo como entre Comunidades Autónomas puede resultar de gran interés para difundir las mejores prácticas.
Al tratar los temas de empleo es adecuado recordar que el empleo es una variable dependiente de la actividad económica, y que a pesar de la contribución que puede realizarse desde las políticas de empleo a mejorar las perspectivas de la población desempleada, y al mejor funcionamiento de los mercados laborales, la medida de empleo más eficaz que puede plantearse es promover un cuadro macroeconómico que favorezca el empleo. La articulación de las políticas activas de empleo con las políticas industriales, medio ambientales y macroeconómicas parece necesario. En un escenario de magnitudes macroeconómicas restrictivas como el actual debe plantearse el papel que deben desempañar las políticas activas de empleo para concentrar los esfuerzos en aquellas medidas que puedan tener una mayor coherencia y eficacia en el contexto actual teniendo una visión global y a medio plazo de los resultados. Ello significa que al diseñar la estrategia española de empleo habría que distinguir entre las medidas que son necesarias consensuar en colaboración con otros departamentos del gobierno y de las administraciones públicas y cuales pueden ser responsabilidad directa de los Servicios Públicos de Empleo.
Se da la paradoja que cuando más necesarias son las políticas de empleo es cuando hay menos capacidad de financiación por lo que debería plantearse en el futuro la necesidad de generar un fondo anticíclico para el empleo en el que se depositaran los ahorros en momentos en crecimiento para poder activarlo en los momentos de crisis y así financiar el necesario apoyo a la reinserción en el empleo de la población parada.
La publicación reciente de un buen paquete de nuevos Certificados de Profesionalidad complementa las medidas anteriores fortaleciendo la oferta formativa que se configura como el instrumento clave para resituar en el mercado al importante volumen de trabajadores que deberán redefinir su profesionalidad a la vista de los cambios sectoriales y ocupaciones que se están produciendo.
Hoy, cuando parece que ya se ha tocado fondo en la destrucción de empleo es más necesario que nunca orientar a la población parada hacía que sectores y ocupaciones como nuevos tractores del empleo adaptando sus competencias profesionales. Los Observatorios del mercado de trabajo deberían afinar sus análisis y anticipar las tendencias que ya se observan para que la formación y la adaptación a los nuevos requerimientos de competencias sea lo más ajustada posible.
El nuevo marco regulador de las políticas activas facilitará la tarea pero serán necesarias también fuertes dosis de voluntad política y de innovación para que sus efectos sean visibles lo más rápidamente posible y se acierte en su implementación con medidas eficaces que contribuyan realmente a paliar la situación y a generar esperanzas entre la población.
Oriol Homs
Sociólogo
Director General de la Fundación Cirem
30 de mayo de 2011